+(52-55) 5246 3400
< regresar

La Tarifa Cero y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con motivo de la cual –entre otros- (i) se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) como órgano constitucional autónomo, regulador y especializado en la materia, y (ii) se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014-.

Dentro de las primeras acciones que llevó a cabo el órgano regulador mencionado destacan, por una parte, la declaración de existencia de un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones, es decir, un prestador de servicios que cuenta con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento -en concreto, el 6 de marzo de 2014 el Pleno del Instituto emitió resolución por la que determinó que Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. era agente preponderante en el sector de las telecomunicaciones-; y por otra, el establecimiento de la regulación asimétrica correspondiente, es decir, la determinación de tarifas de interconexión que dicho agente preponderante podría cobrar.

Por su parte y a través de un acto posterior, el Congreso de la Unión fijó también una tarifa de interconexión a través del artículo 131 de la referida Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión facultad que había sido reservada exclusivamente para el órgano regulador, ordenando que el agente preponderante no podía cobrar tarifa alguna por el uso de su red; lo que comúnmente se conoció como “tarifa cero”.

Artículo 131. (…)

Durante el tiempo en que exista un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o un agente económico que cuente directamente o indirectamente con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en el sector de las telecomunicaciones, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto, las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y mensajes cortos, serán asimétricas conforme a lo siguiente:  

  1. a) Los agentes a los que se refiere el párrafo anterior, no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red, y

 

  1. b) Para el tráfico que termine en la red de los demás concesionarios, la tarifa de interconexión será́ negociada libremente. (…)”.

En respuesta a lo anterior, Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (la “quejosa”) promovió el juicio de amparo número 204/2014 -radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones-, en el que por sentencia de 18 febrero de 2015 se le negó el amparo; negativa que fue recurrida por la propia quejosa mediante recurso de revisión que quedó finalmente radicado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 1100/2015.

En su amparo la quejosa adujo la inconstitucionalidad del artículo 131 en cuestión, considerando medularmente lo siguiente:

1) que el Congreso no era competente para fijar la “tarifa cero”, sino que ello le correspondía al IFT, pues precisamente para eso había sido creado como un órgano constitucional especializado y autónomo; y

2) que la “tarifa cero” es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio.

En sesión de 16 de agosto de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad de votos el proyecto formulado por el Ministro Laynez Potisek, y resolvió -pero sin entrar al estudio del argumento precisado en el punto 2) anterior- que efectivamente el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es inconstitucional, considerando lo siguiente:

  • La competencia para establecer la regulación tarifaria corresponde al IFT -con la única limitante de respetar el mandato constitucional de reconocer la asimetría-; lo que coincide incluso con las mejores prácticas internacionales donde estas determinaciones las toman precisamente los órganos reguladores y no los parlamentos/congresos, dando certeza jurídica y económica a los participantes en un mercado.
  • El Congreso de la Unión sí cuenta con facultades legislativas en materia de telecomunicaciones, pero éstas no pueden tener el alcance de establecer las tarifas o regulaciones asimétricas que la propia Constitución reservó expresamente al Órgano Regulador.
  • Si bien es cierto debe corregirse la afectación que para la empresa haya significado la emisión de la “tarifa cero” por parte del Congreso, también lo es que en el caso concreto se involucran derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones, por lo que no podrán establecerse pagos retroactivos; por el contrario, la decisión que tome el IFT sobre este tema, regirá a futuro.
  • En respeto al principio de división de poderes y habiéndose armonizado las competencias del Congreso de la Unión y del Órgano Regulador -resolviéndose el problema constitucional planteado-, la sentencia no se pronuncia respecto de la validez o no de la existencia de una “tarifa cero”.

Derivado de ello será entonces el IFT quien diseñará ahora las nuevas tarifas de interconexión que deberá cobrar el agente preponderante a sus competidores, mismas que podrán ir de cero a más pesos y las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a futuro.

En esencia la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una solución estrictamente jurídica, pues resguarda los beneficios obtenidos con motivo de la implementación de la reforma estructural en telecomunicaciones, al mismo tiempo que preserva el principio de división de Poderes y armoniza las facultades del Congreso de la Unión y del Órgano Regulador, salvaguardando su autonomía constitucional. Por lo que respecta a los usuarios, sólo el tiempo dirá si esta resolución los beneficia o perjudica.

Mándanos un comentario