Por: Luis Gerardo Ramírez Villela
Los ataques a la ciberseguridad han ido en aumento en los últimos tiempos y es necesario que cada empresa cree como parte de su normatividad interna – además de las obligaciones por cumplir conforme a las leyes aplicables – políticas específicas creando conciencia para la protección de terceros con quienes colabora.
La ciberseguridad no debe considerarse separada de la protección de datos. En conjunto, proporcionan las herramientas necesarias para proteger los datos personales de terceros que colaboran con cada empresa y por tal motivo deben considerarse inseparables.
En México existen actualmente tres organismos con competencia en materia de ciberseguridad: (i) el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, (ii) la Policía Federal y (iii) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares protege los datos personales con el propósito de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación de la información.
El procesamiento de datos debe ser adecuado y relevante en relación con los fines previstos en el aviso de privacidad que cada empresa entregue a sus empleados y a terceros, y dicho aviso deberá estar disponible no solo en el portal de Internet sino también físicamente.
El manejo de datos personales sensibles debe corresponder a un área específica de cada empresa (v.gr. cumplimiento) y el responsable de la información debe hacer todos los esfuerzos razonables para limitar el período de tratamiento de dichos datos al mínimo necesario e informar internamente sobre el procesamiento y gestión de la información de manera periódica.
Es importante mencionar que, en caso de incumplimiento a lo antes mencionado, el titular de los datos personales deberá denunciar dicha situación ante el INAI, y por consiguiente, procederían sanciones y procedimientos administrativos, que generalmente se castigan con multas o hasta con acciones penales en función de la violación de datos personales sensibles.
Debe tomarse en cuenta que actualmente existe un proyecto por aprobar la Ley Federal de Ciberseguridad que crearía autoridades independientes y delitos específicos relacionados con la misma.
